El arrendamiento y posterior adquisición de una flotilla de vehículos por parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí ha generado una serie de cuestionamientos que no deben pasarse por alto. Más allá de la postura oficial, es fundamental analizar con espíritu crítico los procesos administrativos que involucran el uso de recursos públicos y su apego a la normatividad.
De acuerdo con la administración municipal, el contrato de arrendamiento de 42 vehículos se llevó a cabo mediante una licitación pública conforme a la Ley de Adquisiciones del Estado. Aseguran que el contrato, celebrado en septiembre de 2022, incluyó costos de mercado y servicios adicionales, como mantenimiento y seguro. Sin embargo, la organización Ciudadanos Observando ha puesto en tela de juicio la transparencia de este proceso, señalando presuntas irregularidades en la documentación y en los trámites posteriores. No obstante, es importante señalar que dicha organización no responde a los intereses populares, sino a los de unos pocos, y que sus señalamientos carecen de sustento sólido.
Uno de los puntos álgidos es el trámite de baja vehicular realizado el 6 de diciembre de 2024, del cual el Ayuntamiento niega responsabilidad. ¿Cómo es posible que una flotilla que legalmente pertenecía al municipio haya sido dada de baja sin su conocimiento? Esta situación evidencia un problema de control administrativo que requiere una investigación a fondo. Si bien el Ayuntamiento ha solicitado a la Secretaría de Finanzas del Estado una aclaración, lo cierto es que el procedimiento plantea dudas razonables sobre el seguimiento de los bienes públicos.
Otro aspecto a considerar es el trámite de cambio de propietario en noviembre de 2024. La administración municipal argumenta que se realizó cumpliendo con todos los requisitos legales, aunque la organización denunciante señala que la identificación del Primer Síndico, utilizada en el trámite, no aparece en la base de datos del INE. Aquí, el Ayuntamiento se deslinda, atribuyendo la responsabilidad a la actualización de registros del Instituto Nacional Electoral. No obstante, esta explicación no exime la necesidad de una revisión exhaustiva para despejar cualquier sombra de duda.
El gobierno municipal enfatiza que los vehículos actualmente cuentan con placas y tarjeta de circulación emitidas por la Secretaría de Finanzas, asegurando que este es el único trámite realizado por la administración. No obstante, la falta de claridad en los procesos previos ha dejado más preguntas que respuestas.
La ciudadanía merece una rendición de cuentas que vaya más allá de comunicados oficiales. En un contexto donde la transparencia debe ser un pilar fundamental del ejercicio gubernamental, es crucial que las autoridades no solo respondan a los señalamientos, sino que lo hagan con pruebas documentadas y accesibles para el escrutinio público.
El debate no es menor: si bien el Ayuntamiento asegura haber actuado dentro del marco legal, las irregularidades detectadas ameritan una explicación contundente. Si hay un error administrativo, debe corregirse; si hay responsabilidades, deben asumirse. Lo que está en juego es la confianza ciudadana en el manejo de los recursos públicos, y en este caso, la duda sigue en el aire.
